La revisoría fiscal es un requisito fundamental en muchas empresas en Colombia, que garantiza la transparencia, cumplimiento legal, y control adecuado de las finanzas y operaciones.
Para el año 2026, esta obligación sigue siendo clave, especialmente para ciertos tipos de sociedades y empresas que alcanzan determinados umbrales financieros. La obligación de este año se determina con base en los activos e ingresos que la empresa haya tenido al cierre del 31 de diciembre de 2025
En nuestro blog, exploraremos cuáles son las empresas que requieren tener un revisor fiscal durante este año.

El revisor fiscal es un contador público que actúa como una especie de “auditor interno” independiente. Su trabajo es revisar que las cuentas de la empresa estén bien hechas, que los impuestos se presenten como debe ser y que no haya nada raro en la contabilidad.
No solo revisa los números, también responde ante la ley si algo está mal. Y en muchos casos, sin su firma, los estados financieros ni siquiera son válidos. En Colombia, esta figura está regulada por el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990.
La obligación de tener un revisor fiscal no solo surge por el tipo de sociedad que una empresa representa, sino también por los activos e ingresos que esta maneje.
El revisor fiscal es un contador público independiente que asegura que los estados financieros reflejen con exactitud la situación económica de la empresa, y que todas las operaciones se ajusten a las normas contables, fiscales y comerciales establecidas por el Código de Comercio y otras regulaciones.
Estos son los tipos de empresas que están obligadas a tener un revisor fiscal en 2026, según el artículo 203 del Código de Comercio y la Ley 43 de 1990:
La obligación surge por dos vias distintas: por el tipo de sociedad o por el tamaño de la empresa. Vea en cuál de los tres grupos cae la suya.
Aunque su nombre dice "por acciones", la ley creó una excepción: una S.A.S. NO está obligada a tener revisor fiscal solo por su naturaleza jurídica. Esta es la confusión más común entre empresarios.
Una S.A.S. solo queda obligada en dos casos:
Ley 1258 de 2008, art. 28 · Decreto 2020 de 2009
Esto asegura que aquellos socios que no están involucrados directamente en la administración puedan confiar en la independencia y objetividad del revisor fiscal para garantizar la correcta gestión de los recursos.
El objetivo aquí es asegurar un nivel elevado de supervisión, dado que estas sociedades tienen una estructura de capital más compleja, con acciones que pueden ser fácilmente transferidas entre propietarios.
Además de estas categorías, las empresas que superen ciertos topes de activos o ingresos también están obligadas a contar con un revisor fiscal, incluso si no encajan en las definiciones anteriores.
El cumplimiento de la obligación de tener un revisor fiscal no solo depende del tipo de sociedad, sino también del tamaño económico de la empresa.
Cualquier sociedad comercial que supere determinados topes de activos o ingresos está legalmente obligada a designar un revisor fiscal, sin importar su tipo de sociedad.
Estos topes se establecen con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) del año anterior.
Para la obligación de 2026, se usa el SMMLV de 2025, que fue de $1.423.500 COP, y se miden los activos e ingresos al cierre del 31 de diciembre de 2025.
A partir de esa cifra, los topes aplicables en 2026 son:
Más allá del tipo de sociedad, cualquier empresa que supere ciertos topes queda obligada. Mueva los controles con las cifras de su empresa y vea si le aplica.
Mueva los controles para ver el resultado.
Los topes se fijan en salarios mínimos (SMMLV) y por eso cambian cada año. Para la obligación de 2026 se usa el salario mínimo de 2025: $1.423.500, y se miden los activos e ingresos al cierre del 31 de diciembre de 2025.
Basta con superar uno solo de los dos. No es necesario cumplir ambos al mismo tiempo: con que los activos O los ingresos lleguen al tope, ya surge la obligación.
Esto significa que cualquier empresa con un nivel significativo de activos deberá contar con un revisor fiscal, lo cual asegura que la gestión de esos activos esté siendo debidamente supervisada y cumpla con todas las normativas legales.
Estos ingresos representan un nivel de actividad económica considerable, por lo que la ley exige que estas empresas cuenten con un revisor fiscal para garantizar que las transacciones y operaciones que generan estos ingresos están correctamente registradas y auditadas
Es importante destacar que estos topes se ajustan anualmente en función del salario mínimo. Por lo tanto, cada año las empresas deben revisar si sus activos o ingresos han alcanzado o superado estos límites para determinar si están obligadas a designar un revisor fiscal
El tipo de sociedad en que está constituida una empresa también es un factor clave para determinar si necesita contar con un revisor fiscal.
La Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio establecen claramente las responsabilidades de las diferentes sociedades comerciales en Colombia respecto a la figura del revisor fiscal.
Estos son algunos tipos de sociedades que tienen esta obligación:

El no cumplir con la obligación de tener un revisor fiscal puede acarrear serias consecuencias no solo legales y financieras, sino que también puede afectar la reputación de la empresa en el mercado.
El Código de Comercio y el Estatuto Tributario establecen sanciones claras para las empresas que, estando obligadas a tener un revisor fiscal, no lo designen. Los riesgos y sanciones más comunes que las empresas enfrentan al no tener un revisor fiscal cuando están obligadas a hacerlo por la ley son:
Si tienes dudas sobre si tu empresa debe contar con un revisor fiscal o necesitas asesoría para cumplir con esta obligación legal, estamos aquí para ayudarte.
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Preguntas frecuentes
Las sociedades por acciones (S.A., S.C.A.), las sucursales de compañías extranjeras y las empresas cuyos activos o ingresos superen los topes establecidos (5,000 SMMLV en activos o 3,000 SMMLV en ingresos) están obligadas a tener un revisor fiscal en 2025.
También las entidades reguladas por la Superintendencia de Salud o Superintendencia Financiera deben cumplir con esta obligación.
Los topes para estar obligado a tener un revisor fiscal en 2025 son 5,000 SMMLV en activos brutos (equivalentes a $6,500 millones de pesos) y 3,000 SMMLV en ingresos brutos (equivalentes a $3,900 millones de pesos).
Las declaraciones de impuestos firmadas por un contador serán consideradas ineficaces, lo que puede generar sanciones y multas. Además, la empresa podría enfrentar multas económicas y problemas para acceder a créditos o financiamiento.
Las empresas pueden enfrentar multas económicas, ineficacia de las declaraciones de impuestos, dificultades para acceder a crédito y pérdida de confianza por parte de socios e inversionistas.
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